Si hay una palabra que puede definir la situación actual del sistema sanitario español esa palabra es incertidumbre. No sólo son los efectos derivados del Decreto-Ley 16/2012, que han reducido drásticamente en términos económicos el consumo farmacéutico ambulatorio, con efectos sanitarios, pero también sobre la viabilidad del actual modelo de oficinas de farmacia, todavía por dilucidar. En relación con la misma norma, la ruptura de la cobertura sanitaria universal, por exclusión de la población inmigrante irregular, pero también la española de mayor nivel de renta, con la consolidación simultánea de sistemas de protección exclusivos para determinados grupos de población, ha abierto la puerta a la ampliación de esa ruptura mediante sistemas de protección desigual.