"Necesitamos una ley que proteja y blinde lo público". Esa es la frase que utilizó hace unos días la ministra de Sanidad, Mónica García, para anunciar que el departamento que dirige está ultimando una nueva normativa que pretende limitar la gestión de centros sanitarios públicos por parte de empresas con ánimo de lucro. "La colaboración con entidades privadas ha pasado de ser un recurso excepcional a convertirse en una práctica estructural", señaló la ministra. En el último Consejo de Ministros, García desgranó los resultados de un informe elaborado por su cartera que advierten del progresivo crecimiento del papel que cumple la sanidad privada en el Sistema Nacional de Salud (SNS).