El beneficio fiscal es un concepto amplio y sometido a enormes variaciones a lo largo del tiempo, influenciado por los avatares económicos, sociales y políticos de cada momento. Los denominados beneficios fiscales incluyen, fundamentalmente, la exención fiscal, las bonificaciones y las deducciones tributarias. Este tipo de beneficios, junto con otros de diferente índole, permiten aplicar determinadas deducciones en la base imponible para aquellos aspectos que el Gobierno desea fomentar, utilizando para ello el resorte de la recaudación tributaria como, por ejemplo, el caso de los sistemas privados de pensiones, mediante los cuales, el Gobierno pretende impulsar la contratación de estos productos, una vez que la caja única de la Seguridad Social se encuentra con dificultades de sostenibilidad, especialmente de cara a un futuro próximo marcado por el progresivo envejecimiento de la población, la baja natalidad y el problema del desempleo. Es cuando menos llamativo apreciar cómo los diferentes gobiernos se empeñan en impulsar este tipo de ahorro cuando presume y es consciente de las dificultades de solvencia y sostenibilidad que nuestro sistema de pensiones va a tener que afrontar y para ello, y de una forma acertada, según apuntan todos los expertos, promueve campañas de comunicación dirigidas a la sociedad contemplando este aspecto.El debate sobre la conveniencia o no de reinstaurar la desgravación fiscal sanitaria es como el río Guadiana, que aparece y desaparece de tanto en tanto. Siempre que aflora aparecen voces en contra y a favor de volver a implantar esta medida que, sin duda, contribuiría a descargar al sistema público de salud de una carga asistencial y financiera que, en este momento, y con los problemas derivados del envejecimiento, la cronicidad, el acceso a la innovación tecnológica y farmacéutica y el afloramiento de nuevas patologías, entre otros, se hace cada vez más agobiante.