Miles de funcionarios siguen con atención cada uno de los mensajes que lanzan desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. No es para menos. Su sistema de asistencia sanitaria y sus pensiones andan inmersos en un vaivén de dimes y diretes que no para de crecer. Fue el Gobierno central el encargado de encender la mecha. El pasado mes de abril -con el país entero confinado y pendiente de cada compás que marcaba la pandemia-, el Ejecutivo de Sánchez aprovechó el real decreto de medidas laborales y fiscales para hacer frente a la crisis del coronavirus para traspasar la gestión de las pensiones de los funcionarios civiles y militares desde el Ministerio de Hacienda al que capitanea José Luis Escrivá. Y a partir de ahí, las dudas no han hecho más que crecer. Muchos trabajadores del sistema público ven el movimiento como el inicio de la extinción de lo que se conoce como régimen de clases pasivas. Los trabajadores públicos que engrosan esta lista pueden jubilarse voluntariamente desde que cumplen los 60.