PLAN CONTRA LA MOROSIDAD PÚBLICA El nuevo plan que aprobará mañana el Gobierno para facilitar que comunidades y ayuntamientos paguen a sus proveedores no contempla el abono de los intereses de demora. El sector privado calcula que el conjunto de la Administración debería abonar más de 3.000 millones derivados de los intereses generados por el retraso en los pagos que, en algunos casos, superan los dos años.