Las clínicas privadas reivindican su papel dentro del sistema de sanidad pública por el ahorro en gasto sanitario que supone su colaboración. Para ello, piden a los estamentos sanitarios públicos –estatales y autonómicos- que las pruebas médicas que llevan a cabo tengan validez dentro del sistema sanitario público con la descarga de recursos que ello supondría para el erario público. Igual petición realizan en relación a las recetas expedidas por sus médicos, puesto que la práctica habitual de los pacientes es acudir luego a los médicos de cabecera para obtener una receta del medicamento prescrito, suponiendo ello una carga de tiempo y recursos para los facultativos públicos.