Aunque no genera tanto volumen asistencial como el que puede tener la sanidad pública o la privada en Cataluña, los conciertos también suponen un importante motor en el sistema de salud autonómico, principalmente, porque ejercen de nexo para el buen funcionamiento de ambos sectores.   Y para demostrar su relevancia, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha puesto sobre la mesa los últimos datos que baraja sobre la concertación sanitaria catalana. Este tipo de colaboración consume el 17 por ciento del gasto sanitario en la región, o lo que es lo mismo, 2.386 millones de euros al año. Una cifra que contrasta con el 32 por ciento que consumen los centros gestionados única y exclusivamente por entidades privadas (4.450millones de euros) y con el 51 por ciento que genera la red pública de hospitales en la región (7.094 millones de euros).   La distribución de los hospitales en el Siscat también deja una fotografía clara de la incidencia de los conciertos sanitarios en esta comunidad: de los 211 centros sanitarios distribuidos por toda la comunidad, 32 están suscritos bajo el modelo de concierto, 114 son privados y 65, públicos.   Con este informe de situación, el IDIS ha hecho un frente común para defender el modelo de colaboración público-privado existente en Cataluña en las últimas décadas. La entidad que preside Adolfo Fernández-Valmayor insta a la Generalitat a mantener la unión entre ambos sectores, a través de “marcos estables y previsibles” que permitan alcanzar los objetivos de salud planteados que beneficien al paciente.   “No aprovechar la contribución del sistema de colaboración en sus diferentes fórmulas para ayudar a soportar la presión social y financiera supone ahondar en la separación de todo lo concerniente a lo público y lo privado”, indica esta organización. “Algo que, con la deriva demográfica, los problemas asociados de cronicidad y las necesidades que genera la innovación constante, supondría un perjuicio notable para nuestra sociedad, en contra de todas las tendencias que han implantado nuestros vecinos europeos. Un error que pagarían las nuevas generaciones”.